Derecho de supresión y derecho al olvido: ¿qué implica para los datos físicos y digitales?

Derecho de supresión y derecho al olvido

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos recoge el nuevo derecho de supresión, que se añade a los llamados ARCO y que implica que los usuarios pueden solicitar el borrado de sus datos personales a las empresas.

GDPR ha implicado muchos cambios a nivel de Protección de Datos en España, por ello esta normativa ha obligado a actualizar nuestra LOPD, convirtiéndola el 6 de diciembre de 2018 en una nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

Así, además de otras medidas, la nueva LOPDGDD ha implicado una actualización de los derechos ARCO, que permitían solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición frente al tratamiento de los datos de los interesados. Con GDPR han llegado dos novedades: el derecho a la portabilidad, en el que los usuarios pueden requerir todos los datos que están siendo tratados por una organización, y el derecho a la supresión, también conocido como derecho al olvido cuando se refiere al mundo digital.

De este último es del que hablaremos hoy, pues recientemente España se ha convertido en el cuarto país con más reclamaciones para retirar datos de Internet, según el último informe de transparencia de Google. La compañía expone que en los últimos cinco años casi 80.000 personas han realizado solicitudes de derecho al olvido en nuestro país, en las que se ha terminado retirando casi un 40% de las URLs demandadas.

¿Qué es el derecho de supresión?

El derecho de supresión no es algo totalmente nuevo para los españoles. Antes de la llegada de GDPR, la antigua LOPD contemplaba el derecho de cancelación dentro de los derechos ARCO. Así, los usuarios podían pedir el bloqueo del tratamiento de su información cuando sus datos fuesen inexactos, estuviesen desactualizados o incompletos. O también cuando ya no fuesen necesarios para la finalidad para la que se registraron.

Ahora, con GDPR, ese bloqueo evoluciona hacia la eliminación, la supresión. Y tendremos derecho a ejercerlo siempre y cuando las compañías estén tratando nuestros datos después de haberles dado nuestro consentimiento. Es decir, que podremos revocarlo y pedirles que se deshagan de todos los nuestros datos.

Ahora bien, aunque al derecho de supresión también se le llama derecho al olvido, son dos términos que no hay que confundir, pues el derecho al olvido solo es una extensión del derecho de supresión en el marco de los buscadores de Internet.

El derecho al olvido no implica el borrado de los datos

El derecho al olvido nace por la persistencia de la información en la web. Internet almacena gigantes cantidades de datos de los usuarios y no tiene un borrado programado, como lo pueden tener algunos ficheros que tratan las empresas. Hacer desaparecer algo de la red no es tan simple como buscar un fichero ligado a un nombre y darle a borrar, pues ligado a nuestro nombre pueden existir cientos de miles de datos alojados cada uno en una página diferente. No tenemos más que buscar nuestros propios datos personales en Google, Bing o Yahoo y ver cuánta información nos sale.

Sin embargo, el derecho al olvido tiene una gran diferencia con el derecho de supresión, y es que en Internet las páginas que contengan información personal no pueden borrarse así como así, porque tienen un carácter persistente. Con lo cual, el derecho al olvido lo que invoca es el derecho a que esos datos personales no sean indexados por los buscadores.

Dicho de otra forma, si en una página web -por ejemplo de un colegio- está puesto nuestro nombre de forma pública porque hemos participado en alguna actividad, ejerciendo el derecho al olvido lo que haría el buscador es dejar de mostrar ese resultado cuando se busque nuestro nombre en Internet. Sin embargo, la página no desaparecería y sería visible para cualquiera que accediese a la información por otros medios.

Según la Agencia Española de Protección de Datos, esto es así porque según la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 13 de mayo de 2014 determinó que la información “solo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original”. Es por esto que las URLs solo dejarán de ser visibles cuando la búsqueda se realice a través de un dato personal del usuario que ejerció su derecho.

Así, siguiendo con el mismo ejemplo, si quisiésemos que se borrasen nuestros datos personales de la página web, tendríamos que ejercer el derecho de supresión con el responsable de dicho portal, en este caso el colegio. Pues el fin único de los buscadores es facilitar el acceso a la información, pero no son responsables de lo que publican otros servicios, ya sean colegios, redes sociales, medios de comunicación, etc.

En conclusión, el derecho de supresión es fácil de ejercer cuando se trata de información física o almacenada en una empresa. Sin embargo, cuando hablamos de información publicada en Internet la cosa cambia y se vuelve algo más compleja. Sin embargo, los principales buscadores (Google, Bing y Yahoo) han facilitado formularios para que los usuarios ejerzan su derecho al olvido. Un derecho en el que, tal y como indica Google, España está muy concienciada.

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